Papeles del CESID del 23-F: el informe desclasificado sitúa a seis agentes dentro del golpe

El 25 de febrero de 2026, a las 18:45, murió Antonio Tejero en un hospital de Alzira, a los 93 años. Ese mismo día el Gobierno colgó en la web de La Moncloa 153 documentos secretos del golpe que él arrancó a las 18:23 del 23 de febrero de 1981.

La coincidencia de fechas es casualidad. El plazo no. La Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, franquista y aún vigente, no fija desclasificación automática: un papel podía ser secreto para siempre. El proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado el 22 de julio de 2025 sí pone reloj, y al Alto Secreto le da 45 años. El 23-F salió justo al cumplirlos.

Y el documento más incómodo del lote no habla de Tejero. Habla del servicio secreto.

Seis nombres de la AOME

Un informe del CESID, hoy CNI, sitúa a seis miembros de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales dentro del golpe: los capitanes Francisco García Almenta y Vicente Gómez Iglesias, el sargento Miguel Sales, los cabos Rafael Monge Segura y José Moya Gómez, y el jefe de la unidad, el comandante José Luis Cortina. De cinco de ellos escribe que "conocían los hechos concretos antes de que ocurrieran". De Cortina dice que "no está comprobado", pero que "hay indicios de que así fuera".

De García Almenta añade la parte material: dispuso "de los medios, emisores, receptores y vehículos" repartidos entre quienes apoyaron a la columna que fue al Congreso.

El mismo papel cuenta lo que vino después del fracaso, y con nombre en clave. Tras una reunión convocada por Cortina, dentro de la AOME "se dio orden de activar la Operación Míster": corregir fechas y registros para justificar dónde había estado cada agente el 23 de febrero.

El informe Jáudenes acaba en empate

Sale también el informe Jáudenes: 40 folios firmados en abril de 1981 por el teniente coronel Juan Jáudenes tras interrogar a Cortina y a siete de sus hombres. Ahí aparece el "elefante blanco", el militar previsto para encabezar un gobierno de tutela, y el informe le pone cara: el general Alfonso Armada, segundo jefe del Estado Mayor del Ejército.

Su conclusión, en cambio, no señala a nadie: "de todo lo anterior no puede deducirse con certeza participación de personal de la AOME". Dos papeles del mismo servicio, uno con seis nombres dentro y otro cerrando en empate.

Cortina fue procesado por sus contactos con Tejero y absuelto en el juicio. El jefe de operaciones especiales del servicio secreto, al banquillo y a la calle. Ahí vive desde 1982 la tesis de que el golpe lo montó el propio CESID, y crece como en el otro gran hueco judicial español, una sentencia que reparte 21 condenas y no le pone nombre a quien ideó la matanza.

El sumario nunca estuvo clasificado, y casi nadie lo ha leído

La causa 2/81 no era secreta. Está bajo llave por otra vía: el depósito acorazado del archivo central del Tribunal Supremo. Son 89 legajos, la causa militar original ocupa 43 tomos y 12.854 folios, y existe copia digitalizada íntegra. Poco más de una docena de personas han conseguido que la Sala de Gobierno les deje mirarla.

Lo que dio por probado desmonta la improvisación. El plan nace en el verano de 1980, cuando Milans del Bosch encarga a Tejero estudiar "la ocupación por fuerza armada del Congreso de los Diputados", para "sustituir al Gobierno de la Nación por otro nuevo" presidido por Armada. Cuando Armada entró en el hemiciclo a ofrecer esa lista, Tejero la rechazó porque llevaba civiles y políticos.

En Valencia, Milans declaró el estado de excepción y sacó a la calle unos 2.000 hombres y 50 carros. El Congreso estuvo tomado unas 18 horas.

Dos sentencias, 30 condenados y ninguno cumplió

El Consejo Supremo de Justicia Militar falló el 3 de junio de 1982: 30 años para Milans y para Tejero, y solo 6 para Armada, al que tuvo por simple conspirador. El Supremo lo corrigió el 22 de abril de 1983 y subió a Armada a los mismos 30 años. Quedaron 30 condenados: 12 militares, 17 guardias civiles y un civil.

Ninguno de los tres los cumplió. Armada fue indultado en 1988, Milans salió en 1990 y Tejero obtuvo la libertad condicional en diciembre de 1996, la mitad de la pena. Fue el último preso del 23-F.

Lo que no sostiene ningún papel

La versión más repetida fuera de los tribunales es que Juan Carlos I conocía el golpe o impulsó la "solución Armada". Nace en la defensa del propio Armada en 1982 y se hace superventas con "El precio del trono", de Pilar Urbano, que ha contado que el rey llamó a su editor para pedir la retirada. En las 153 unidades desclasificadas no hay un solo documento que la respalde.

Javier Cercas lo resume así: el gran secreto del 23-F es que no hay secreto. Julián Casanova mira el mismo lote y ve lo contrario, que faltan los papeles que expliquen ese fallo de detección, empezando por el del rey. Y recuerda algo útil cada vez que un Estado abre un archivo: quien clasifica decide también qué se destruye. Es la lección de las veinte mil páginas de MK-Ultra que sobrevivieron a una orden de destrucción por estar en otro edificio.

Lo que falta por conseguir

Tres piezas concretas, y ninguna es una opinión.

• Los audios originales. Se han publicado transcripciones, entre ellas la charla de Tejero con el civil Juan García Carrés en pleno secuestro, con aquel "no cuelgo, estoy pasando un rato cabrón". Las cintas siguen sin publicar.
• El inventario de lo que se ha buscado. La ministra portavoz Elma Saiz habló de la documentación "hallada hasta la fecha". Sin saber dónde se buscó, no hay forma de saber qué falta.
• La ficha de custodia de cada unidad documental: autoría, fecha y archivo de origen. Buena parte del lote se colgó sin eso.

Y por encima de las tres, el sumario: 12.854 folios digitalizados que el Supremo guarda tras una puerta blindada y una lista de nombres muy corta. Cuarenta y cinco años después, nadie ha explicado qué riesgo para la seguridad nacional justifica esa lista.