Petróleo de Venezuela: Trump anuncia cien años de concesión y la ley que Caracas firmó en enero solo permite cuarenta

El 28 de agosto de 2026 Donald Trump escribió en Truth Social, en mayúsculas, "THE BIGGEST OIL DEAL IN WORLD HISTORY". Debajo, las cifras: control estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles probados en Venezuela, 17 yacimientos, más de 100.000 millones de dólares de inversión privada, 209.000 millones en ingresos fiscales para Caracas, gasolina sustancialmente más barata y coste cero para el contribuyente.

Ese día no había un solo contrato publicado. Ni en Washington ni en Caracas.

Hay un número que no encaja con ningún papel. El anuncio habla de concesiones a cien años. La Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada en Gaceta Oficial N.º 6.978 Extraordinario el 29 de enero de 2026 y firmada por la propia Delcy Rodríguez, mantiene el tope de las empresas mixtas en 25 años, prorrogables una sola vez por un máximo de 15. La mano que firmó el techo legal y la que celebra el acuerdo son la misma, con siete meses de diferencia.

El 55 % no es lo que parece

Funcionarios estadounidenses no hablaron de una participación accionarial limpia, sino del 55 % de la producción efectiva de una empresa privada nueva: parte del capital más el derecho a comprar crudo a precio de coste. La mezcla permite decir control sin decir cuánto dinero pone cada lado.

Los 17 yacimientos salen de una lista que Reuters dice haber visto y no publicó: áreas sin desarrollar de la Faja del Orinoco, bloque Junín incluido, más campos maduros del lago de Maracaibo. Ningún gobierno ha difundido los nombres. Parte de esos campos maduros los opera una empresa china con contrato de la época de Maduro, así que el acuerdo no solo reparte crudo sin extraer: desaloja a un operador que produce.

El espejo de 2007

ExxonMobil y ConocoPhillips salieron de Venezuela en 2007 por negarse a que PDVSA se quedara el control de sus proyectos. Les incautaron los activos. Diecinueve años después, los mismos yacimientos van a una empresa donde el control es estadounidense y el Estado venezolano queda en minoría. La factura de entonces sigue sin pagar: entre Conoco y Exxon, Venezuela debe más de 13.000 millones de dólares según resoluciones judiciales. Nadie ha dicho quién asume esa deuda.

El sector tampoco se lo cree: el 9 de enero, en la Casa Blanca, el consejero delegado de Exxon, Darren Woods, llamó a Venezuela "uninvestable", no invertible.

Los barriles anunciados no son producción

Venezuela bombeaba unos 3 millones de barriles diarios en 1999 y 2,7 en 2013. Cayó por debajo de 0,5 en 2020 y en agosto de 2025 seguía algo por encima de 1 millón, con la refinación tan deteriorada que hubo escasez de gasolina dentro del país. Es crudo extrapesado, caro de procesar.

Duplicar las reservas de Estados Unidos es contabilidad creativa: las probadas estadounidenses rondaban los 46.000 millones de barriles a cierre de 2024, así que 65.000 millones venezolanos suenan a más del doble, pero siguen bajo suelo venezolano y no entran en el registro federal de reservas. Cambia quién los explota, no de quién es el subsuelo. Un anuncio no mueve una frontera, igual que una orden ejecutiva no rebautiza un lago.

Y la gasolina barata choca con el mercado: a principios de 2026 el Brent estaba en mínimos de cuatro años y la EIA calculaba un exceso de oferta de cerca de 1 millón de barriles diarios en 2025, con 2 millones proyectados para 2026. Meter 100.000 millones en crudo extrapesado es, ahí, de lo que menos incentivo tiene. El precio que paga el conductor lleva medio año colgando de algo que no sale en el anuncio: un estrecho cerrado lejos de Caracas.

Esto no empezó en agosto

El 3 de enero de 2026 el ejército estadounidense capturó a Nicolás Maduro y lo llevó a Estados Unidos acusado de narcoterrorismo. Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada sin soltar el Ministerio de Petróleo. El 6 de enero Trump anunció la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo incautado, y la ficha del Departamento de Energía del 10 de febrero dice que ese dinero se liquida primero en cuentas controladas por Estados Unidos y se reparte a discreción de su Gobierno. El secretario Chris Wright dijo que lo controlarán indefinidamente.

Desde febrero el Congreso intenta ver los libros. Dos proyectos gemelos, S.3838 y H.R.7819, ordenan a la GAO auditarlo en 30 días y reportar en 90; Schiff y Schumer pidieron auditoría independiente y Robert García amplió el 23 de febrero la investigación del comité de Supervisión. Ninguna tiene respuesta pública conocida.

Lo que falta por conseguir

Tres papeles, no tres declaraciones. El contrato, con su plazo y su reparto escritos. La lista de los 17 campos que Reuters vio y no publicó, porque sin nombres nadie fuera de la mesa sabe qué se cede ni a quién se desaloja. Y el informe de la GAO sobre las cuentas del crudo incautado.

Queda una pregunta incómoda. Si el acuerdo es tan bueno para las dos partes como dicen las dos partes, ¿por qué el único documento público que existe es un mensaje en una red social?