Bucha, el almacén de Myla: 37 muertos, 34 de ellos en una residencia de ancianos, y Ucrania investiga a los suyos por guardar munición allí

A las 20:10 del 28 de agosto de 2026 un dron cayó sobre una nave de la empresa Agromat en Myla, un pueblo de 494 habitantes a media hora de Kiev. Lo que detonó después no eran azulejos.

El primer recuento dio 27 muertos y con esa cifra salieron los titulares de medio mundo. Horas más tarde la Administración Militar Regional de Kiev la subió a 37. Y ahí apareció el detalle que casi nadie puso arriba: 34 de esos 37 no eran vecinos del pueblo. Estaban en una residencia para personas mayores y personas con discapacidad pegada al almacén.

Del mismo cráter salen dos causas penales de signo contrario. Una por el artículo 437 del Código Penal ucraniano, guerra de agresión, que apunta a Rusia. Otra por el 367, negligencia en el servicio, que apunta a mandos y directivos ucranianos. El expediente acusa a la vez al que disparó y al que colocó el blanco donde estaba.

Lo que firma la Fiscalía General, con hora

El comunicado oficial fija la mecánica: sobre las 20:10, en el terreno de una empresa de Myla, cayó o impactó un aparato no tripulado de tipo por determinar, se declaró un incendio de gran magnitud y comenzó la detonación. Traducido: el dron no mató a 37 personas. Mató a unas pocas y encendió lo de dentro.

La nave no era un polvorín. Era el centro logístico de Agromat, de los mayores vendedores de azulejos y sanitarios del país, con 33 tiendas en 21 ciudades. Nadie ha explicado quién metió munición en un almacén de material de construcción ni con qué permiso.

Zelenski lo reconoció al día siguiente a las 12:20. El primer impacto fue sobre un depósito de munición que ahí no debía estar, detonaron proyectiles, minas y drones, y habló de negligencia horrible. El Estado Mayor añadió el detalle que escuece: la orden del comandante en jefe que prohíbe esos depósitos seguía vigente. No hacía falta una norma nueva. Había una, y alguien se la saltó.

Entre los muertos está Taras Didych, jefe de la comunidad territorial de Dmytrivka, que llegó de los primeros y cayó en una detonación secundaria. Los bomberos paraban cada vez que sonaba la alarma antiaérea. Aquella noche Rusia lanzó 267 drones y hubo impacto directo en 15 puntos. Myla fue uno.

El ensayo general fue el 6 de julio y ya tenía detenidos

Siete semanas antes, en Vyshneve, un ataque ruso hizo detonar munición que una empresa de Ukroboronprom guardaba en naves no aptas: 7 muertos, 26 heridos y 13 hectáreas de zona residencial dañadas. El SBU detuvo el 16 de julio al director general y a su adjunto, en prisión preventiva y sin fianza.

El primer ministro Serhii Koretskyi lo dijo la misma noche de Myla, a las 23:24, con el incendio activo: Vyshneve no había servido de lección, y repetir los mismos errores en el quinto año de invasión es negligencia criminal. El jefe del Gobierno llamando criminal a su propia administración antes de que se contaran los muertos.

Ese precedente se está citando mal. Varias agencias lo resumen en 22 muertos, cifra que suma dos sucesos de la misma noche: los 7 del depósito y los 15 del ataque sobre la ciudad de Kiev. El caso comparable se cobró 7 vidas. Ya hemos visto cómo las cifras oficiales de esta guerra se mueven solas cuando nadie publica el método.

El problema es más viejo que la guerra. Balakliia, 2017: unas 138.000 toneladas ardiendo y 35.000 evacuados. Los depósitos ucranianos ya explotaban en tiempos de paz.

La versión rusa, que nadie ha podido comprobar

Moscú cuenta otra cosa. Su Ministerio de Defensa afirmó el 29 de agosto haber alcanzado en Myla un almacén con componentes y aceleradores de lanzamiento de los drones de largo alcance FP-1 y FP-2 de Fire Point.

Fire Point existe y fabrica esos drones y el misil Flamingo. La NABU, la oficina anticorrupción, la investiga por si infló el valor de los componentes o el número de aparatos entregados. No tiene cargos formales. Y no hay un solo documento que la ate a ese almacén. En redes se da por hecho porque las dos historias comparten nombre, el mecanismo que ya vimos cuando un recuento incómodo tardó dos años en dejar de llamarse propaganda.

Kiev no lo ha desmentido. Admite que había munición que no debía estar ahí, sin decir de quién era, y su Ministerio de Defensa ordenó lo que no hizo en julio: auditar todos los emplazamientos de armas del país.

El artículo 58 del Protocolo I de Ginebra obliga a no situar objetivos militares cerca de zonas densamente pobladas. Incumplirlo no le quita a Rusia la responsabilidad del ataque. Pero es justo lo que la fiscalía ucraniana investiga en su propio bando.

Lo que falta por conseguir

Cuatro papeles, no cuatro declaraciones. La autorización, si existe, que permitió almacenar munición en un centro logístico privado de azulejos. El inventario de lo que había dentro y a nombre de quién. La auditoría ordenada el 29 de agosto. Y el forense que separe cuántas de las 37 muertes causó el dron y cuántas la detonación, porque de ahí depende cuál de las dos causas carga con qué.

Queda un número incómodo. El artículo 367.2, la vía por la que se investiga a los funcionarios ucranianos, castiga la negligencia con consecuencias graves con dos a cinco años de cárcel. Treinta y siete muertos, y el techo de esa puerta son cinco años. La otra, la del artículo 437, tiene una pena mucho mayor y ningún acusado que se pueda sentar en un banquillo de Kiev.